CUESTIONAMIENTOS A LA CORTE Y SU RESPUESTA


Asunción,  04  de febrero de 2013


SEÑOR PRESIDENTE:

                                  Nos dirigimos a VE y por su intermedio a la Excma. Corte Suprema de Justicia con el fin de expresarles  la preocupación de la ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS  JUDICIALES DEL PARAGUAY, por las últimas publicaciones periodísticas sobre el manejo de los fondos públicos asignados al Poder Judicial.

                                  Lamentamos profundamente los supuestos hechos de auto asignación de beneficios realizados por altos funcionarios administrativos de la Corte, bajo diversos rótulos, en detrimento directo de los Magistrados y otros servidores de la justicia; pero por sobre todo en perjuicio de la imagen pública del Poder Judicial.

                                  También lamentamos que ni siquiera la Contraloría General de la República tiene intervención para el control de sus inversiones y gastos, soslayando una clara disposición constitucional que establece: “El presupuesto del Poder Judicial será aprobado por el Congreso y la Contraloría General de la República verificará todos sus gastos e inversiones” (Art. 249 in fine).

                                  Es evidente que la transgresión de esta norma habilita a quienes manejan los recursos del PJ a cometer los abusos señalados diariamente por la prensa,  hecho ante el cual nos encontramos inermes y avergonzados.

                                  SEÑOR PRESIDENTE: Esta Asociación se ha jugado por la defensa de la autarquía del PJ hasta el punto de salir a las calles; lo hizo  no sólo porque es un principio de rango constitucional sino porque es la base fundamental de su autonomía administrativa y de su independencia frente a los factores políticos. Obtenido el respeto a la autarquía, presentó su informe a la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y fue portadora de una nota de felicitaciones a la Corte Suprema del Paraguay por tan loable conquista, calificada en aquel ámbito como la más amplia autarquía del Poder Judicial que se registra en la región (nota de la FLAM, Mar del Plata, abril de 2009). Pero si esa Corte usa la tan preciosa autarquía para favorecer a quienes ni siquiera son Magistrados y para usar el dinero público al margen de todo control de nivel constitucional, la cuestión se vuelve, para nosotros, francamente insostenible.  Por ello cumplimos con nuestro deber de instar a VE a retomar el camino de la racionalidad y de la legalidad, separando a los funcionarios abusivos y rehabilitando a la Contraloría General de la República para que realice el control de todos los gastos e inversiones del Poder Judicial.

                                  Esperando que V E tome las resoluciones necesarias en estos momentos críticos, le saludamos muy atentamente.


Dr. Manuel Aguirre Rodas                   Abog. Gustavo Santander Dans
             Secretario                                              Presidente



- Nota de contestación del presidente de la Corte Suprema de Justicia -


N.P. Nº  198


Asunción,  6  de febrero de 2013.


Señor
Magistrado Gustavo Santander Dans
Presidente de la Asociación de Magistrados del Paraguay
Presente:

                 EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ, tiene el agrado de dirigirse a Usted en atención a su nota de fecha 4 de febrero de 2013, en la que pone a consideración la preocupación de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, sobre la supuesta forma de manejo de los fondos públicos asignados al Poder Judicial, considerando las últimas publicaciones periodísticas, a fin de realizar las siguientes puntualizaciones:

                 En primer término, esta Máxima Instancia Judicial encuentra inoportuno que la cuestión planteada por la Presidencia que usted ejerce sea presentada sin contar con los informes pertinentes de los ámbitos involucrados en lo que hace al tema presupuestario y su ejecución, que se funde en supuestos hechos y que – sin embargo – las actuaciones de órganos institucionales hayan sido calificadas como transgresoras del marco legal vigente y en abuso de nuestros recursos, fuera de todo régimen de control de nivel constitucional y alejado del camino de la legalidad y la racionalidad.

                 La ligereza de sus afirmaciones no obsta remitir una respuesta institucional que precise el marco legal vigente, teniendo en cuenta además que en los últimos años, tanto en el proceso de elaboración así como de ejecución presupuestaria, se ha venido trabajando de forma conjunta con todos los gremios involucrados, entre los que se encuentra el que usted preside.

                 La ejecución del presupuesto no va en detrimento de Magistrados y otros servidores de justicia, ya que ella se efectúa conforme a la Ley que termina cada objeto del gasto, dentro del marco de legalidad y racionalidad en dicho proceso, lo que además permite la alta ejecución año tras año y la transparencia en la administración.

                 En ese sentido cabe mencionar que la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de sus órganos competentes, dispuso el pago de beneficios para funcionarios de diferentes niveles de las áreas jurisdiccional, registral y administrativa, en estricta observancia de las disposiciones mencionadas en el párrafo precedente, lo que quiere decir que dichos montos fueron imputados a los rubros correspondientes, previstos en las partes pertinentes de la Ley Nº  4581/2011 y de conformidad al Decreto Reglamentario Nº 8334/2012.

                 En lo que respecta a la autarquía presupuestaria, se menciona que la misma se constituye en herramienta fundamental dentro del proceso de ejecución presupuestaria, ya que conforme las disposiciones legales vigentes, permite la transferencia de créditos entre Programas y dentro de un mismo Programa, así como las modificaciones de cuotas de gastos del Plan Financiero, las cuales son autorizadas y aprobadas por esta Máxima Instancia Institucional, dando cumplimiento así a principios consagrados en nuestra Constitución Nacional.

                 Por último, a efectos de dar luz a su desafortunada afirmación respecto a la nula intervención de la Contraloría General de la República, resulta oportuno traer a colación las últimas conclusiones elevadas por dicho órgano, en relación a la auditoría llevada adelante ante las oficinas del Registro de Automotores, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, cuyo resultado, que fuera comunicado en fecha 16 de noviembre de 2012, arrojó la calificación de “SATISFACTORIA”, conforme al formulario de Relevamiento sobre el cumplimiento de los requisitos en la fase de Planificación y puesta en marcha de la implementación del MECIP en las instituciones públicas.

                 Sin otro particular, se despide de usted con su consideración más distinguida.


Alejandrino Cuevas                                                   Víctor Manuel Núñez R.
         Secretario                                                                       Presidente

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