Asunción, 04 de
febrero de 2013
SEÑOR PRESIDENTE:
Nos dirigimos
a VE y por su intermedio a la Excma. Corte Suprema de Justicia con el fin de
expresarles la preocupación de la ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS
JUDICIALES DEL PARAGUAY, por las últimas publicaciones periodísticas sobre el
manejo de los fondos públicos asignados al Poder Judicial.
Lamentamos
profundamente los supuestos hechos de auto asignación de beneficios realizados
por altos funcionarios administrativos de la Corte, bajo diversos rótulos, en
detrimento directo de los Magistrados y otros servidores de la justicia; pero
por sobre todo en perjuicio de la imagen pública del Poder Judicial.
También
lamentamos que ni siquiera la Contraloría General de la República tiene
intervención para el control de sus inversiones y gastos, soslayando una clara
disposición constitucional que establece: “El presupuesto del Poder Judicial
será aprobado por el Congreso y la Contraloría General de la República
verificará todos sus gastos e inversiones” (Art. 249 in fine).
Es evidente
que la transgresión de esta norma habilita a quienes manejan los recursos del
PJ a cometer los abusos señalados diariamente por la prensa, hecho ante
el cual nos encontramos inermes y avergonzados.
SEÑOR
PRESIDENTE: Esta Asociación se ha jugado por la defensa de la autarquía del PJ
hasta el punto de salir a las calles; lo hizo no sólo porque es un
principio de rango constitucional sino porque es la base fundamental de su autonomía
administrativa y de su independencia frente a los factores políticos. Obtenido
el respeto a la autarquía, presentó su informe a la Federación Latinoamericana
de Magistrados (FLAM) y fue portadora de una nota de felicitaciones a la Corte
Suprema del Paraguay por tan loable conquista, calificada en aquel ámbito como
la más amplia autarquía del Poder Judicial que se registra en la región (nota
de la FLAM, Mar del Plata, abril de 2009). Pero si esa Corte usa la tan
preciosa autarquía para favorecer a quienes ni siquiera son Magistrados y para
usar el dinero público al margen de todo control de nivel constitucional, la
cuestión se vuelve, para nosotros, francamente insostenible. Por ello
cumplimos con nuestro deber de instar a VE a retomar el camino de la
racionalidad y de la legalidad, separando a los funcionarios abusivos y
rehabilitando a la Contraloría General de la República para que realice el
control de todos los gastos e inversiones del Poder Judicial.
Esperando que
V E tome las resoluciones necesarias en estos momentos críticos, le saludamos
muy atentamente.
Dr. Manuel Aguirre
Rodas Abog. Gustavo Santander Dans
Secretario Presidente
- Nota de contestación del presidente de la Corte Suprema de Justicia -
N.P.
Nº 198
Asunción,
6 de febrero de 2013.
Señor
Magistrado
Gustavo Santander Dans
Presidente de la Asociación de Magistrados del
Paraguay
Presente:
EL
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ,
tiene el agrado de dirigirse a Usted en atención a su nota de fecha 4 de
febrero de 2013, en la que pone a consideración la preocupación de la
Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, sobre la supuesta forma de
manejo de los fondos públicos asignados al Poder Judicial, considerando las
últimas publicaciones periodísticas, a fin de realizar las siguientes
puntualizaciones:
En
primer término, esta Máxima Instancia Judicial encuentra inoportuno que la
cuestión planteada por la Presidencia que usted ejerce sea presentada sin
contar con los informes pertinentes de los ámbitos involucrados en lo que hace
al tema presupuestario y su ejecución, que se funde en supuestos hechos y que –
sin embargo – las actuaciones de órganos institucionales hayan sido calificadas
como transgresoras del marco legal vigente y en abuso de nuestros recursos,
fuera de todo régimen de control de nivel constitucional y alejado del camino
de la legalidad y la racionalidad.
La
ligereza de sus afirmaciones no obsta remitir una respuesta institucional que
precise el marco legal vigente, teniendo en cuenta además que en los últimos
años, tanto en el proceso de elaboración así como de ejecución presupuestaria,
se ha venido trabajando de forma conjunta con todos los gremios involucrados,
entre los que se encuentra el que usted preside.
La
ejecución del presupuesto no va en detrimento de Magistrados y otros servidores
de justicia, ya que ella se efectúa conforme a la Ley que termina cada objeto
del gasto, dentro del marco de legalidad y racionalidad en dicho proceso, lo
que además permite la alta ejecución año tras año y la transparencia en la administración.
En
ese sentido cabe mencionar que la Corte Suprema de Justicia, mediante
resolución de sus órganos competentes, dispuso el pago de beneficios para
funcionarios de diferentes niveles de las áreas jurisdiccional, registral y
administrativa, en estricta observancia de las disposiciones mencionadas en el
párrafo precedente, lo que quiere decir que dichos montos fueron imputados a
los rubros correspondientes, previstos en las partes pertinentes de la Ley
Nº 4581/2011 y de conformidad al Decreto
Reglamentario Nº 8334/2012.
En
lo que respecta a la autarquía presupuestaria, se menciona que la misma se constituye
en herramienta fundamental dentro del proceso de ejecución presupuestaria, ya
que conforme las disposiciones legales vigentes, permite la transferencia de
créditos entre Programas y dentro de un mismo Programa, así como las
modificaciones de cuotas de gastos del Plan Financiero, las cuales son
autorizadas y aprobadas por esta Máxima Instancia Institucional, dando
cumplimiento así a principios consagrados en nuestra Constitución Nacional.
Por
último, a efectos de dar luz a su desafortunada afirmación respecto a la nula
intervención de la Contraloría General de la República, resulta oportuno traer
a colación las últimas conclusiones elevadas por dicho órgano, en relación a la
auditoría llevada adelante ante las oficinas del Registro de Automotores,
dependiente de la Corte Suprema de Justicia, cuyo resultado, que fuera
comunicado en fecha 16 de noviembre de 2012, arrojó la calificación de “SATISFACTORIA”,
conforme al formulario de Relevamiento sobre el cumplimiento de los requisitos
en la fase de Planificación y puesta en marcha de la implementación del MECIP
en las instituciones públicas.
Sin
otro particular, se despide de usted con su consideración más distinguida.
Alejandrino
Cuevas
Víctor Manuel Núñez R.
Secretario Presidente
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