Finalmente la terna presentada por el Consejo de la Magistratura para llenar una vacancia en la Corte fue rechazada, pero no por el Senado como se esperaba, sino por el Presidente de la República, hecho que no se esperaba. Hemos expuesto en esta columna los argumentos esgrimidos por ambas corrientes con respecto de la vincularidad, pero sin tomar nosotros partido. Ahora nos planteamos la misma cuestión con respecto del Poder Ejecutivo y encontramos que éste rompió con la teoría de la vincularidad. El nuevo escenario es que ambos Poderes políticos del Estado, en uso de sus potestades constitucionales, se consideran con derecho de rechazar las ternas; luego, la teoría de la no vincularidad va ganando terreno.
Es conveniente señalar que la terna últimamente rechazada nació con defectos congénitos; con una conformación desafiante y agresiva por su carácter de terna unicolor y sectaria. Se ha pretendido imponer a dos Poderes del Estado una terna integrada por referentes de un sólo sector político. La integración respondió evidentemente a una política equivocada; a un supuesto mantenimiento de cuotas políticas, en un escenario donde la integración proporcional de la Corte ya se hallaba rota. Es verdad que en 1995 la Corte fue integrada por vía de cuoteo político. En aquel entonces los partidos con representación parlamentaria conformaron una Corte Suprema con cuatro colorados, tres liberales, un demócrata cristiano en representación de la tercera fuerza política de entonces y el noveno miembro elegido por consenso, para actuar como fiel de la balanza, que recayó en la persona del Dr. Raúl Sapena Brugada. Pero ese equilibrio político se rompió con la muerte y sustitución del Ministro Elixeno Ayala.
Sostenemos que aquella fue una Corte políticamente equilibrada porque ningún sector tenía en la misma asegurada una mayoría automática. Dicho equilibrio se rompió por ineptitud de la dirigencia liberal de entonces, que entregó a su oponente y no se sabe por qué, nada menos que la silla dejada por Elixeno Ayala. Si los partidos hubieran tomando conciencia de la importancia del equilibrio político en la Corte, en sustitución de Ayala hubieran puesto una persona de su mismo sector, y entonces sí hubiera funcionado la terna unicolor integrada para reemplazar al Dr. Wildo Rienzi. Por eso decimos que esta última terna nació con vicios congénitos y se esperaba su fracaso.
El cuoteo. El llamado cuoteo político, hoy satanizado por la prensa y por los sectores políticos minoritarios, ha dado sus frutos; pero es preciso dejar bien aclarado que la conformación de la actual Corte no es producto del mismo. El cuoteo responde a un objetivo muy noble que consiste en: hacer que exista equilibrio político en la Corte. Con el cuoteo se evita que un sector político tenga mayoría automática en la Corte Suprema y para ello normalmente se toma la proporcionalidad registrada en la Cámara de Senadores, órgano parlamentario elegido a través de listas nacionales por votación popular. Si se reivindicara con honestidad política e intelectual el cuoteo, hoy sería de rigor integrar la Corte con tres colorados, tres liberales, dos unacistas y un patriaqueridista; pero desgraciadamente no puede integrarse de ese modo por causa de la satanización del cuoteo y la confusión expresamente sembrada para que el sector político que hoy detenta seis sillas en un cuerpo de nueve, siga manteniendo la supremacía para salvaguarda de sus intereses. Esta situación se halla muy lejos del cuoteo y muy cerca del abuso de poder. Desgraciadamente la opinión pública está mal formada; fuertemente influida por opiniones interesadas y antojadizas, de gente artera por una parte e improvisada en el quehacer político por la otra. Ocurre esto porque los parlamentarios y dirigentes políticos no marcan la pauta; no tienen un discurso esclarecedor; dejan que actores ajenos a la política maquen el rumbo de las políticas de Estado. Es necesario que ellos digan con claridad que al cuoteo se recurre para evitar abusos y que tenemos la experiencia reciente de cuán perjudicial es para el país que un sólo sector político acapare la Corte para cohonestar sus intereses y hasta sus caprichos.
Es cierto que nuestra Constitución no tiene llaves para el cierre de los procesos de selección y designación de los Magistrados máximos, como tan cierto es que ella le otorga un amplio margen de discrecionalidad a la dirigencia política nacional en la materia. Consecuentemente las dificultades que se encuentran para renovar la Corte Suprema no provienen de la Constitución sino de la falta de diálogo político entre los Poderes del Estado y de la nula capacidad para entablar negociaciones beneficiosas por el bien del país.
Es conveniente señalar que la terna últimamente rechazada nació con defectos congénitos; con una conformación desafiante y agresiva por su carácter de terna unicolor y sectaria. Se ha pretendido imponer a dos Poderes del Estado una terna integrada por referentes de un sólo sector político. La integración respondió evidentemente a una política equivocada; a un supuesto mantenimiento de cuotas políticas, en un escenario donde la integración proporcional de la Corte ya se hallaba rota. Es verdad que en 1995 la Corte fue integrada por vía de cuoteo político. En aquel entonces los partidos con representación parlamentaria conformaron una Corte Suprema con cuatro colorados, tres liberales, un demócrata cristiano en representación de la tercera fuerza política de entonces y el noveno miembro elegido por consenso, para actuar como fiel de la balanza, que recayó en la persona del Dr. Raúl Sapena Brugada. Pero ese equilibrio político se rompió con la muerte y sustitución del Ministro Elixeno Ayala.
Sostenemos que aquella fue una Corte políticamente equilibrada porque ningún sector tenía en la misma asegurada una mayoría automática. Dicho equilibrio se rompió por ineptitud de la dirigencia liberal de entonces, que entregó a su oponente y no se sabe por qué, nada menos que la silla dejada por Elixeno Ayala. Si los partidos hubieran tomando conciencia de la importancia del equilibrio político en la Corte, en sustitución de Ayala hubieran puesto una persona de su mismo sector, y entonces sí hubiera funcionado la terna unicolor integrada para reemplazar al Dr. Wildo Rienzi. Por eso decimos que esta última terna nació con vicios congénitos y se esperaba su fracaso.
El cuoteo. El llamado cuoteo político, hoy satanizado por la prensa y por los sectores políticos minoritarios, ha dado sus frutos; pero es preciso dejar bien aclarado que la conformación de la actual Corte no es producto del mismo. El cuoteo responde a un objetivo muy noble que consiste en: hacer que exista equilibrio político en la Corte. Con el cuoteo se evita que un sector político tenga mayoría automática en la Corte Suprema y para ello normalmente se toma la proporcionalidad registrada en la Cámara de Senadores, órgano parlamentario elegido a través de listas nacionales por votación popular. Si se reivindicara con honestidad política e intelectual el cuoteo, hoy sería de rigor integrar la Corte con tres colorados, tres liberales, dos unacistas y un patriaqueridista; pero desgraciadamente no puede integrarse de ese modo por causa de la satanización del cuoteo y la confusión expresamente sembrada para que el sector político que hoy detenta seis sillas en un cuerpo de nueve, siga manteniendo la supremacía para salvaguarda de sus intereses. Esta situación se halla muy lejos del cuoteo y muy cerca del abuso de poder. Desgraciadamente la opinión pública está mal formada; fuertemente influida por opiniones interesadas y antojadizas, de gente artera por una parte e improvisada en el quehacer político por la otra. Ocurre esto porque los parlamentarios y dirigentes políticos no marcan la pauta; no tienen un discurso esclarecedor; dejan que actores ajenos a la política maquen el rumbo de las políticas de Estado. Es necesario que ellos digan con claridad que al cuoteo se recurre para evitar abusos y que tenemos la experiencia reciente de cuán perjudicial es para el país que un sólo sector político acapare la Corte para cohonestar sus intereses y hasta sus caprichos.
Es cierto que nuestra Constitución no tiene llaves para el cierre de los procesos de selección y designación de los Magistrados máximos, como tan cierto es que ella le otorga un amplio margen de discrecionalidad a la dirigencia política nacional en la materia. Consecuentemente las dificultades que se encuentran para renovar la Corte Suprema no provienen de la Constitución sino de la falta de diálogo político entre los Poderes del Estado y de la nula capacidad para entablar negociaciones beneficiosas por el bien del país.
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