PROPUESTAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO DEL MAGISTRADO

            En la nota anterior señalamos las causas por las cuales el salario del Magistrado Judicial se halla congelado por más de diez años y ha sufrido una pérdida del 131 % en su poder adquisitivo. Hemos hecho nuestra autocrítica como gremio y en resumen concluimos que junto con nosotros son culpables del hecho los tres Poderes del Estado. En la presente bosquejamos algunas propuestas de solución; pero antes realizamos algunas comparaciones finales para graficar la gravedad del caso. En 1997 el salario básico de un juez (4.329.000) equivalía a 8.1 salarios mínimos. Actualmente representa 3.5 salarios mínimos. Esta proletarización del estamento de los Magistrados Judiciales constituye un peligro para la vida de la República. No se compadece con los principios republicanos ni contribuye para la consolidación de la institucionalidad democrática. Por ello necesita una urgente solución.

            Para no dramatizar la situación, proponemos a los Poderes políticos un plan trienal o a lo sumo quinquenal para la recuperación del poder adquisitivo de los salarios del Magistrado Judicial.  Si se optara por un plan quinquenal necesitaríamos reajustes anuales sucesivos del 25% durante cinco años para acercarnos a los niveles salariales establecidos en 1995; a dicho porcentaje deben sumarse los reajustes que en adelante se registren en el salario mínimo vital y móvil.  Este es un plan viable, pero requiere de la comprensión y voluntad política  del Parlamento y del Poder Ejecutivo.  La fuente de financiamiento  es fácil de identificar.  El Poder Judicial tiene, como ningún otro Poder, ingresos propios, provenientes de las ventas de servicios extrajudiciales, y no es poco dinero. Algunos Economistas sostienen que el P.J. puede hacer frente a todos sus gastos con sus recursos propios, los cuales hoy son remesados en más del 60 % a rentas generales del Estado.  Con esos recursos podría dar a sus jueces salarios justos y dignos. Otros dicen que esas recaudaciones son insuficientes; que igual necesitaría del tres por ciento del presupuesto general que le reserva la Constitución Nacional. Yo no sé; me gustaría sentarme a revisar los números. De todos modos existe la posibilidad de retener también el producto de las multas aplicadas en el fuero penal y las aplicadas a las empresas por violaciones de las leyes laborales.  Tenemos noticias de que existen en ciertos países  Poderes Judiciales autofinanciados por tales vías. En nuestro país, actualmente los Poderes políticos no le dan al Poder Judicial ese 3% porque  incluyen dentro del Poder Judicial a la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría General,  la manutención de las cárceles y otros servicios que legalmente deben estar dentro del presupuesto por Poder Ejecutivo. Uno de los capítulos en la lucha por la autarquía del Poder Judicial es la retención de sus recursos genuinos.

            Hallándonos afectados por una situación de injusticia y habida cuenta la falta de conciencia republicana que padece nuestra clase política, la cual no considera los rangos de los Magistrados judiciales y no judiciales de la República para establecer una mínima equivalencia entre los mismos, tendremos que pronunciarnos como estamento todos los años y sostener una lucha gremial continua. Indudablemente no es lo más saludable para el país, pero es el camino que nos queda.  Estamos en la infancia de la democracia y en esta etapa el ejercicio abusivo del poder político es casi inevitable. Los Magistrados no judiciales, que son los parlamentarios y ministros del Poder Ejecutivo, se autoproclaman superiores a los de este Poder y obran en consecuencia. Por tanto, sólo nos queda el camino de la lucha.

            Pero para emprender una lucha en pos de un objetivo se requiere una generalizada toma de conciencia del problema, definición clara del objetivo, educación gremial, organización adecuada, estrategia inteligente y voluntad de vencer. Y estas condiciones son, precisamente, las que ahora no tenemos. Los colegas sufren en silencio los bajos salarios; se defienden como pueden; esperan que se produzca el milagro de que de repente llegue la justicia salarial. Esta actitud revela una falta de conciencia que se tiene como trabajador común, la cual de tenerla  tampoco sería suficiente en un funcionario con rango de Magistrado, que ejerce uno de los Poderes en el sistema republicano.

            En cuanto a la definición del objetivo ni se tiene pensado. Los colegas sólo quieren ganar más, no determinan cuánto más y sobre todo por qué corresponde ese salario mayor. También aquí falta inculcar y fortalecer la cultura del republicanismo. “Un salario digno para el juez” es un objetivo válido, pero deviene ambiguo si no se pone en relación con los demás salarios para determinar el quantum, y eso debe establecerse en el contexto de los salarios generales públicos y privados, y dentro del sector público en el marco de un escalafonamiento de todos los dignatarios de la nación.

            En el otro aspecto, si miramos nuestra organización gremial encontramos algo parecido a un club social; con actividad casi exclusiva en la capital, sin propuestas para el interior, escasamente participativa, con nula actividad en educación gremial y en capacitación profesional. Su organización es tan antigua que todavía reproduce la macrocefalia asuncena. No se halla notificada todavía de la incipiente descentralización del Estado iniciada en 1992  y por tanto es enteramente disfuncional con la actual organización del Poder Judicial.

            Observando este panorama nos proponemos, en primer lugar, rediseñar cuidadosamente nuestra organización gremial, siguiendo las pautas establecidas por la Constitución Nacional para todo el Estado y por la Corte Suprema de Justicia en su política de expansión del Poder Judicial. Proponemos fundar una Asociación de Magistrados en cada circunscripción judicial de la República, que sean soberanas en el marco de sus propios estatutos, autónomas y autárquicas, pero articuladas en una organización gremial de segundo grado, una federación de Magistrados y operadores de la justicia. La misma puede ser estamental o circunscripcional; es decir, los fiscales y defensores públicos pueden venir a la federación a través de sus organizaciones propias o integrados con los Magistrados en su área geográfica. Lo importante es que exista un gremio que, de verdad,  abarca toda la República; que a través del mismo se comparta la responsabilidad de la conducción; que todos asuman la lucha por la dignificación del Poder Judicial, por los salarios justos, por la inamovilidad, por la transparencia de la gestión, la responsabilidad institucional, la decencia y el decoro. Sólo con una organización como esta podemos tener la fuerza para hacer escuchar nuestros reclamos, en este país donde las buenas razones valen poco y se generaliza cada día más el diálogo obligado por medidas de fuerza.  Luego, en materia de lucha no es una mera escaramuza  la que nos espera; y esa lucha no se puede desarrollar ni sostener con organizaciones débiles. Toda lucha emprendida sin un pleno conocimiento y una organización adecuada y eficaz, es ilusoria; es desgaste inútil y fuente de frustraciones.

            También es importante que la Corte Suprema de Justicia comprenda el sentido de esta lucha y acompañe. No debe pensar ni por asomo que tiene enemigos en casa sino todo lo contrario. Se trata de dar poder al Poder Judicial; de trabajar por su independencia institucional y económica. Con la cooperación de todos nos proponemos cambiar en pocos años la imagen del Poder Judicial.

NUESTRA PROPUESTA PARA EL 2008

            Proponemos  que en el estudio del presupuesto para el año 2008 se atienda con preferencia los salarios, porque la gente está muy mal y estará peor cuando se profundice  esta crisis que recién comienza.  Evidentemente esta crisis tiende a acentuarse como secuela de la sequía, las quemazones y las inundaciones que se vienen.  La carestía  ya está en la puerta y la gente  necesita mejorar sus salarios.  Al efecto proponemos  reducir la expansión del Poder Judicial hacia el interior; suspender las edificaciones y las creaciones de nuevos cargos; eliminar los viajes internacionales y las becas.  Instaurar  una economía de guerra y promover la austeridad.  En esta propuesta nuestra asociación coincide  con varios gremios de funcionarios del Poder Judicial y se propone seguir trabajando con ellos.

Publicado en el Semanario Judicial de ABC Color en octubre de 2007.